Reforma tributaria entra en vigencia en 2018 y expertos sugieren cambios

Con la reforma tributaria implementada en forma gradual, desde 2015, por el actual Gobierno, 2018 será el primer año en que los impuestos corporativos serán declarados bajo dos nuevos regímenes tributarios: para el régimen parcialmente integrado la tasa del impuesto de primera categoría que grava las utilidades de las empresas sube desde 25,5% a 27%, mientras que las firmas que optaron por el régimen atribuido mantendrán la tasa del 25%.

Cuestionada transversalmente por expertos tributarios y economistas, existe hoy consenso en la necesidad de implementar una “reforma a la reforma”, que simplifique el sistema e incentive la inversión. Las opiniones convergen hacia un retorno al sistema integrado y una reducción de la tasa corporativa. Expertos apuntan a otros cambios para atacar la inseguridad jurídica por la alta complejidad de las normas introducidas, por ejemplo, las de antielusión, que ha obligado al Servicio de Impuestos Internos (SII) a emitir dos catálogos de situaciones que podrían llegar a ser elusivas.

También sugieren distintas alternativas para compensar los ingresos de las apretadas arcas fiscales que implicaría una reducción de impuestos.

Hacia un solo régimen

Para Soledad Recabarren, de Recabarren & Asociados, eliminar el régimen atribuido y dejar solo el semiintegrado, pero con un gran cambio -la integración total del impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario o adicional-, es la modificación más importante, porque simplificaría el sistema de manera significativa.

En el mismo sentido, Marcelo Laport, socio de PwC, argumenta que desde el punto de vista de los principios superiores de la tributación, el régimen atribuido es inapropiado, ya que cobra un impuesto al ingreso de las personas que es diferente en el caso de los ganados por renta y, además, su aplicación es compleja, resultando difícil tanto el cumplimiento como su fiscalización.

“Es injusto y aumenta la complejidad del sistema el hecho de que dos personas que ganan lo mismo, por ejemplo un profesional como empleado que gana un sueldo paga menos impuestos que un profesional que se independiza y forma una firma, porque es un emprendedor”, apunta Bernardo Fontaine, economista y director de empresas. Ello ocurre porque el emprendedor paga el impuesto personal, pero no descuenta todo el impuesto que pagó la empresa, sino solo un 65%.

En su opinión hay que volver a que el impuesto que paga la empresa, sea luego un 100% descontable del impuesto que paga el dueño de la empresa.

De igual manera, Rodrigo Benítez, socio Tax & Legal de BDO, plantea que debiera establecerse un solo sistema de tributación, sin perjuicio de que pudiera existir un sistema que fomente las pequeñas y medidas empresas. “Este sistema debiera volver a ser integrado en que solo pagaran las distribuciones de utilidades o dividendos con crédito al 100% del impuesto pagado por las empresas y eliminar la restitución del crédito y el sistema atribuido. Esto simplificaría el sistema, junto con incentivar la inversión, el crecimiento y el empleo”, sostiene Benítez.

Francisco Lyon, de KPMG, destaca que el sistema integrado ayudaría a mejorar los estándares de equidad horizontal del sistema tributario. Más allá de la integración, piensa que, bajo diversas consideraciones, sería importante igualar el tratamiento de los contribuyentes extranjeros, con participación o propiedad en empresas chilenas, en cuanto a su tributación por las rentas obtenidas de estas, indistintamente de si esos contribuyentes se encuentran o no domiciliados en países con convenios para evitar la doble tributación.

Bajar la tasa corporativa

“El mercado tiene la expectativa de que el nuevo gobierno simplifique el engorroso sistema y que fije una tasa de impuesto corporativo más en línea con el promedio de la OCDE, que de una tasa de 33,6% en el 2000, ha ido bajando a una tasa actual de 25%, dice Medardo Lagos, abogado tributarista.

Destaca que el promedio mundial es de 22,96% y el de Europa, 18,35%, y la tendencia va en dirección de reducir los impuestos corporativos, como lo han hecho Noruega, Reino Unido y, recientemente, Estados Unidos. Dada la situación de déficit fiscal y los compromisos de gasto permanente en bienes públicos que ha asumido el Estado, Lagos piensa que, a lo sumo, lo realista es reducir gradualmente la tasa corporativa de 27% a 25%.

Fontaine observa que lo malo de un impuesto alto a las empresas es que castiga el ahorro, con lo que las empresas terminan invirtiendo menos, crecen menos y generan menor empleo, por lo que considera razonable reducir la tasa a 25%. “No concuerdo con la gradualidad porque eso hace que los efectos positivos de los cambios se posterguen, hay que hacerlo rápido”, dice.

El miércoles, en la Sofofa, Gonzalo Blumel, miembro del equipo del Presidente electo Sebastián Piñera, señaló que la prioridad el próximo año será simplificar y volver a integrar el sistema, pero la reducción de la tasa corporativa dependerá de la situación fiscal.

Compensar ingresos

Reducir el impuesto corporativo mermaría los ingresos fiscales, por lo que los expertos plantean distintas alternativas para compensar el erario.

Fontaine apunta, por ejemplo, al crédito tributario a la inversión en activo fijo que beneficia a las empresas y que, a su juicio, no se justifica. Asimismo, menciona la rebaja por los intereses del crédito hipotecario, argumentando que “con tasas de interés tan bajas en Chile, no se justifica”.

Benítez plantea un proceso de conciliación extraordinaria para los juicios acumulados y atrasados en los tribunales tributarios (TTA). Estima que hay, aproximadamente, 2.309 causas pendientes al 2016, que de acuerdo con los cálculos de la asociación de tribunales tributarios ascendería a cobros en discusión de US$ 12.600 millones.

La propuesta de conciliación extraordinaria, agrega el experto de BDO, posibilitaría un procedimiento expedito de tramitación, fomentando la opción de pago de una parte de los montos. Con un acuerdo que implique el pago de 20% a 40% de los impuestos en disputa, se aseguraría una recaudación en un año de entre US$ 2.500 millones a US$ 5.000 millones, dependiendo de cuántos contribuyentes se acojan, lo que Benítez compara con los US$ 1.500 millones recaudados por la regularización de capitales en el exterior que implementó la actual administración.

Artículo de Lina Castañeda

Fuente:  Economía y Negocios

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